Sin trapos

El veto a la “Ley de Trapitos” que acaba de oficializar Mauricio Macri genera revuelo por muchas cosas: porque se opone a una legalización, porque anula una decisión de la mayoría parlamentaria, porque es un veto, porque es Macri. Pero hay una cuestión de fondo, o mejor dicho un punto esencial de la normativa, que fluye sin muchos cuestionamientos ni ataques de pánico entre los opinólogos de turno: la legalidad de una acción prohibida.

No puede discutirse que tareas como las que ejecutan los cuidacoches limitan el uso libre y gratuito del espacio público. A ver, supongamos que mañana se nos instala una persona en la cuadra donde vivimos y, mediante el pago de una cuota “a voluntad”, nos promete brindarnos seguridad para transitarla. ¿Deberíamos pagarle o denunciarlo?

Lamentablemente, en estos casos donde se toca una fuente de empleo que suele ser ejercida por personas de bajos recursos económicos, cualquier apreciación opositora suele catalogarse de “fascista”. Yo, como seguramente muchos otros, la tildo como “racional y constitucional”.

Podrá cuestionarse el veto de una norma que fue aprobada mayoritariamente –por 31 votos contra 29- o los detalles de la reglamentación completa, que entre otras cosas proponía crear un registro de cuidacoches, pero lo que no puede entrar en discusión es la legalización de algo que no lo es. El uso indebido del espacio público, como lo ejercen los “manteros”, es una de las tantas “avivadas” que nuestra Presidente debió abarcar en su reciente discurso.